Aliados por la Democracia rechaza enérgicamente un nuevo y abusivo atentado para desarticular la sala de lo constitucional


Las sentencias relevantes pronunciadas por la Sala de lo Constitucional desde 2010 resueltas a petición ciudadana, han devuelto a los salvadoreños el control del poder público, lo cual ha desatado en conocidos sectores políticos antipatía, resentimiento y el afán de destituir a los Magistrados de dicha Sala a través de diferentes mecanismos.

En el mismo contexto y con el mismo fin, a raíz de la demanda interpuesta contra el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, por posible violación a la Independencia Judicial como consecuencia de su afiliación partidaria, surge un nuevo atentado como reacción inmediata, interponiendo demandas ante la Sala de lo Contencioso Administrativo contra la elección 2009 de los Magistrados de la Sala de lo Constitucional; demandas que nunca debieron ser admitidas por tener vicios de forma y de fondo entre los cuales se destacan los siguientes:

a) Se trata de un acto político, para el cual la Sala de lo Contencioso Administrativo no tiene facultades para conocer; ello lo confirma la sentencia dictada por la misma Sala de lo Contencioso Administrativo en el año 2006, en la cual declaró improcedente una demanda en términos idénticos, con lo que existe evidente contradicción en ese Tribunal.

b) La Sala de lo Contencioso Administrativo ha ignorado que el demandante debe haber sido agraviado directamente por el acto, y en este caso no lo es, por lo que no tiene el derecho que exige como presupuesto la ley, y la figura del interés difuso que ha usado el actor, no procede desde ninguna lógica jurídica.

c) La acción ha sido admitida contrario a la prescripción del plazo establecido de 60 días que exige la Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, y alegando en forma maliciosa la excepción de la nulidad de pleno derecho. Se desconoció que dicho plazo había caducado.

En consecuencia, ALIADOS POR LA DEMOCRACIA denuncia públicamente que las demandas contencioso administrativas presentadas y admitidas que impugnan la legalidad del decreto legislativo que eligió a los magistrados de la Sala de lo Constitucional en el año 2009, adolece de falta de requisitos legales.

Alertamos a la población y a los organismos nacionales e internacionales que velan por la democracia, a dar seguimiento y estar atentos a los acontecimientos que resulten de esta nueva, burda y clara maniobra política que tiene como único objetivo debilitar la independencia judicial a través de desestabilizar a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.

San Salvador, 13 de agosto de 2013.

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